Un grupo de vecinos se hizo escuchar en la Legislatura porteña y pidió la derogación de la ley N° 5.464, que le daría al gremio de los encargados de edificios más poder para controlar a las asociaciones de consorcistas y administradores. Si bien la polémica norma iba a ser modificada en su contenido, según indicaron legisladores y el propio Horacio Rodríguez Larreta, su tratamiento en el recinto se postergó y los consorcistas volvieron a pedir que quede sin efecto por completo.
“Nos dijeron que la ley será modificada, pero nosotros queremos que se derogue en su totalidad. Es una medida injusta y autoritaria, que favorece a unos pocos y perjudica a millones de vecinos”, sostuvo una mujer que se movilizó hacia el Palacio Legislativo. Y además agregó que juntaron 22 mil firmas contra el proyecto.
La norma en cuestión había sido sancionada el 3 de diciembre pasado por iniciativa del legislador Fernando Muñoz (interbloque kirchnerista), con 58 votos a favor y dos abstenciones (Hernán Arce, del Partido Socialista, y Gustavo Vera, de Bien Común).
La ley crea el Consejo de la Propiedad Horizontal de la Ciudad, un organismo con la facultad de regular la vida de los consorcios, especialmente controlar y sancionar a los administradores a través de un Tribunal de Etica. Pero lo que despertó mayores críticas es la conformación del Consejo Directivo de esa nueva institución: habría tres integrantes del sindicato de los encargados de edificios (SUTERH), uno para cada una de las tres asociaciones de administradores, uno para los consorcistas, uno para el Gobierno porteño, uno para el gremio de empleados de las administraciones de consorcios y otro para el Defensor de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo (el cargo que ahora ocupa Muñoz, el autor de la ley). Con esta división, el gremio de los porteros tendría más representantes que los propios consorcistas y que la Ciudad, que además estaría cediendo a favor de este nuevo ente una facultad propia, que es la de controlar a los administradores.
Este polémico organismo tendrá la potestad de cobrarles una matrícula a los administradores y de recaudar las multas por eventuales incumplimientos. Así, los encargados y los empleados de los administradores terminarían controlando a sus propios patrones.
Ante las denuncias de los vecinos, en abril el propio jefe de Gobierno porteño envió un proyecto de ley para modificar el Consejo de la Propiedad Horizontal, aumentando la cantidad de representantes del Estado y bajando la de los sindicatos. De esta manera, el SUTERH bajaría de tres a dos sus representantes, desaparecería el lugar para el Sindicato de Empleados de Administradores y esos dos puestos pasarían a manos del Gobierno de la Ciudad, que en la composición original sólo tenía un asiento. El otro cambio significativo era que uno de los tres integrantes de la Ciudad deberá ser el director de Defensa del Consumidor.
Sin embargo, esta modificación fue considerada “insuficiente” por los vecinos. Y ayer consorcistas y dirigentes de la asociaciones de administradores volvieron a decir presente durante la sesión, por lo que el tratamiento del tema fue postergado. La mayoría de las cámaras del sector se mantiene firme en su postura contra la normativa, habiendo incluso en trámite recursos judiciales que solicitan se declare su inconstitucionalidad.
