El proyecto de Ley de Góndolas que debate esta tarde el Senado propone una serie de medidas para el fomento de la competencia en los estantes de los supermercados e hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendio en todo el país.
Además, establece que en las categorías alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador las marcas de un mismo grupo económico no podrán ocupar más del 40% de la góndola en el primer año de implementación de la medida, y no más del 30% a partir del segundo año.
Esto tiene por objetivo fomentar la competencia, permitir el ingreso de nuevas marcas y en consecuencia lograr una diversidad y baja de precios en beneficio del consumidor, explicaron fuentes parlamentarias y oficiales.
Asimismo, establece que el plazo máximo de pagos de 90 días y que los proveedores podrán aplicar intereses en caso de pagos realizados fuera de término; que los supermercados no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo, ni podrán aplicar a los proveedores retenciones económicas o débitos unilaterales.
Por otra parte, en la negociación contractual no podrá oponerse como condición la comercialización de productos de terceros, la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.
Los establecimientos deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular.
La normativa, que deberá implementarse en un plazo de 60 días en caso de ser aprobada en el Senado, alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26% de la cadena comercial del país.
Los almacenes, autoservicios chinos y kioscos – canales de venta que concentran alrededor de 70% de las ventas minoristas-, quedarán excluidos.
Argumentos de la oposición
Desde la oposición, el interbloque de Cambiemos objetó la iniciativa al calificarla de «inocua» y advirtió que ya existen «herramientas» como las leyes de defensa de la competencia y de defensa del consumidor que sirven para controlar la suba de precios, pero que «lamentablemente no se aplican».
Ernesto Martínez, senador de Cambiemos por Córdoba, dijo que la ley «es puro eslogan y marketing» y afirmó que la norma «no sirve absolutamente para nada», mientras que su par, Esteban Bullrich, adelantó que se abstendría de votar a favor y sostuvo que «la mejor manera» de solucionar el problema «es bajando impuestos» como el IVA.
El senador Alberto Weretilnek, de Juntos Somos Río Negro, adelantó el apoyo a la normativa pero también la cuestionó, al entender que «no va a garantizar una mejora en el precio de los productos» ya que «es una ley «que se queda por la mitad».
«Abunda en lo que ya tenemos, pero va a generar innumerables conflictos en la aplicación», declaró en alusión a las críticas de los supermercadistas sobre las dificultades de la puesta en marcha de la medida en las góndolas de los supermercados.
El proyecto
El proyecto establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor el 30 por ciento de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores.
También determina que se le deberá brindar 25 por ciento a los productos de las pymes y un 5 por ciento a los de la agricultura familiar.
Además, se establece que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas –que configuran los sectores más codiciados– se deberán presentar en un 50 por ciento del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.
